LA EMPRESA UBICADA EN CIUDADELA ECHÓ A OPERARIOS Y ADMINISTRATIVOS CON HASTA 14 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, IMPIDIÉNDOLES EL INGRESO MEDIANTE SEGURIDAD PRIVADA. LOS TRABAJADORES DENUNCIAN SALARIOS ATRASADOS, AGUINALDOS EN CUOTAS Y APORTES IMPAGOS. LA FIRMA PERTENECE A LA FAMILIA DEL POLÉMICO INFLUENCER FINANCIERO JAVIER FERRER, A QUIEN ACUSAN DE SOSTENER UN DOBLE DISCURSO. EL MINISTERIO DE TRABAJO BONAERENSE ORDENÓ RETROTRAER LAS CESANTÍAS.
La crisis socioeconómica suma un nuevo capítulo de tensión laboral en el conurbano bonaerense, esta vez en el partido de Tres de Febrero. La histórica panificadora La Perla, situada en la localidad de Ciudadela, se encuentra en el centro de un duro conflicto gremial tras haber desvinculado a 30 trabajadores durante el mes de agosto, en un proceso marcado por la falta de notificaciones formales y el incumplimiento de las obligaciones patronales.
La ola de despidos se ejecutó en dos tandas de 15 personas cada una, afectando tanto a operarios de planta como a empleados administrativos, muchos de los cuales cuentan con una antigüedad que oscila entre los 10 y los 14 años. La modalidad de las cesantías encendió las alarmas de los representantes sindicales y de los propios afectados: según denunciaron, no hubo telegramas previos. Los trabajadores se enteraron de que habían perdido su fuente de sustento al llegar a la fábrica para cumplir con su turno, momento en el que personal de seguridad privada les bloqueó el acceso a las instalaciones. Desde entonces, el área de Recursos Humanos ha cortado todo canal de diálogo, negando respuestas sobre las liquidaciones finales.
El pliego de reclamos de la plantilla es extenso y refleja un deterioro progresivo de las condiciones laborales. A la falta del pago de las indemnizaciones se suman salarios atrasados, la liquidación incompleta y fraccionada del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y la retención indebida de aportes a la obra social.
«Nos despidieron hace un mes y todavía no pagaron la indemnización», relató uno de los trabajadores afectados ante Red Gremial. El impacto de la pérdida intempestiva del empleo ha sido devastador para la economía de las familias. Cristian, un hornero con 14 años en la empresa, detalló que al momento del despido solo habían percibido una tercera parte del aguinaldo. Por su parte, Israel, otro operario con más de una década de servicio, graficó la dramática realidad cotidiana: la compra de alimentos básicos o la reposición de una garrafa se han transformado en «un estrés constante». Ante la urgencia de llevar un plato de comida a sus hogares, varios de los despedidos se vieron forzados a recurrir a la precarización de las aplicaciones de reparto utilizando sus motos particulares.
El "gurú" de las finanzas y la rentabilidad empresarial
El conflicto gremial destapó además una fuerte contradicción ética y discursiva que indigna a los trabajadores. La panificadora, fundada en 1962 y recuperada tras una quiebra en 2001, pertenece a la familia Ferrer, compuesta por cinco hermanos. Uno de los rostros visibles de la propiedad es Javier Ferrer, un mediático influencer que ha ganado notoriedad en redes sociales con su latiguillo «Hola, normal» o «¿Qué hacés, normal?». En sus plataformas, Ferrer se dedica a comercializar asesorías sobre inversiones, rentabilidad empresarial y «libertad financiera».
«Él se dedica a recomendar inversiones, pero no piensa en sus empleados», fustigaron los trabajadores, exponiendo la paradoja de un empresario que vende fórmulas de prosperidad económica mientras somete a su propio personal a la asfixia salarial. En esta línea, los delegados y empleados desestiman que los despidos respondan a una crisis de producción. Argumentan que La Perla mantiene intactos sus sólidos canales de comercialización, distribuyendo a nivel nacional, abasteciendo a grandes cadenas de supermercados y sosteniendo un vínculo comercial clave con la franquicia Fiestíssima.
La intervención de la cartera laboral
Frente a la escalada del conflicto, las protestas en las puertas del establecimiento y la visibilización pública del caso, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tomó cartas en el asunto. La cartera laboral dictó la conciliación obligatoria, una medida que exige a la empresa retrotraer de manera inmediata las cesantías, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y asignar tareas efectivas a los 30 empleados afectados.
Sin embargo, desde el sector de los trabajadores advierten que, si bien la intervención administrativa impone una tregua y suspende temporalmente los despidos, el conflicto de fondo está lejos de solucionarse. La patronal aún no ha regularizado la millonaria deuda que mantiene en concepto de salarios caídos, aguinaldos, aportes retenidos y eventuales indemnizaciones, por lo que el colectivo de trabajadores se mantiene en estado de alerta y movilización a la espera del cumplimiento efectivo de sus derechos laborales.