LA JUSTICIA ROSARINA FORMALIZÓ LA ACUSACIÓN POR AMENAZAS COACTIVAS Y DESBARATAMIENTO DE LA EMPRESA. LA MEDIDA DE FUERZA, ORIGINADA EN UNA DISPUTA POR ENCUADRAMIENTO SINDICAL CON LA FEDERACIÓN NACIONAL, PROVOCÓ MILLONARIAS PÉRDIDAS LOGÍSTICAS Y PUSO EN RELIEVE LA FUERTE INTERNA GREMIAL DEL SECTOR.
La Justicia de Rosario imputó a 19 miembros del Sindicato de Camioneros de Santa Fe por bloquear los accesos de la histórica fábrica alimenticia La Virginia. La fiscal Viviana O'Connell, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue la encargada de llevar adelante la acusación, atribuyéndoles a los activistas detenidos los delitos de amenazas coactivas en carácter de coautores en concurso ideal con desbaratamiento de empresa.
El conflicto se focalizó en las puertas de la planta ubicada en la zona noroeste de Rosario (en la intersección de Sorrento y colectora de Circunvalación) entre los días 26 y 28 de julio. Según la investigación, los manifestantes paralizaron de forma coordinada el ingreso y egreso de los camiones pertenecientes a Logística S.R.L., la firma contratista que brinda servicios de transporte continuo para La Virginia.
La génesis de una profunda interna intersindical
La fiscalía demostró que el bloqueo no respondió a un reclamo salarial legítimo o directo hacia la empresa alimenticia, sino a una agresiva disputa de representación. El objetivo de la medida de fuerza era intimidar y obligar a los choferes de Logística S.R.L. —históricamente afiliados al Sindicato de Camioneros de la Nación que responde a Hugo y Pablo Moyano— a trasladar obligatoriamente su afiliación a la órbita del sindicato santafesino, un gremio rebelde conducido por Sergio Aladio.
La tensión había comenzado a escalar a principios de julio durante las elecciones de delegados gremiales en la empresa transportista. Según la denuncia presentada ante el Ministerio de Trabajo, los comicios sufrieron graves irregularidades; entre ellas, el retiro por la fuerza de una urna que fue devuelta al día siguiente con las fajas de seguridad y los tornillos vulnerados, lo que provocó la inmediata anulación del acto electoral.
Como represalia, la facción provincial santafesina instaló gazebos (con la inscripción "Camioneros La Fuerza del Gremio – Aladio Conducción") en los ingresos de La Virginia, instaurando un control de facto sobre los transportistas y cerrándole el paso mediante amenazas a todo aquel que no estuviera alineado a su espacio sindical.
El impacto económico de la paralización
Durante la imputación, el MPA argumentó que el bloqueo afectó severamente el libre desarrollo comercial e impactó en la determinación de los trabajadores de continuar con sus labores. Según las estimaciones oficiales presentadas, la paralización dejó un saldo negativo considerable:
- Pérdidas empresariales: Un perjuicio estimado entre 4,5 y 5 millones de pesos para la firma de transporte Logística S.R.L.
- Perjuicio a los trabajadores: Aproximadamente 100.000 pesos perdidos por los choferes a los que se les impidió realizar sus viajes programados, poniendo en riesgo sus fuentes de ingresos.
Resolución judicial: libertad con severas restricciones
Si bien la fiscal O'Connell había solicitado la prisión preventiva efectiva por 120 días debido a la gravedad del daño y al accionar coordinado del grupo, la jueza de Primera Instancia, Silvia Castelli, desestimó la medida privativa de la libertad al valorar que los acusados no presentaban antecedentes condenatorios previos.
En su lugar, la magistrada dictaminó la liberación bajo un estricto régimen de conducta por el plazo de 120 días, que incluye:
- Fijar domicilio y prohibición de ausentarse de la ciudad por más de 15 días, salvo por razones laborales debidamente acreditadas.
- Prohibición de acercamiento a un radio de 200 metros tanto de la planta de "La Virginia" como de las instalaciones comerciales de "Logística S.R.L.".
- Firma quincenal obligatoria ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
- Cese de representación: Prohibición absoluta, para aquellos imputados que ostentaban cargos gremiales, de realizar cualquier tipo de gestión, reclamo o fiscalización sindical vinculada a la empresa Logística S.R.L.
Este avance judicial sienta un antecedente contundente en el abordaje de los bloqueos a plantas industriales, trazando un límite penal entre el derecho a la protesta y las prácticas coactivas empleadas como herramienta de presión en las disputas por el encuadramiento gremial.