LA SENADORA BONAERENSE ENFRENTA PRESENTACIONES ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS Y EL FUERO PENAL. TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES GREMIALES LA ACUSAN DE ACTUAR COMO FUERZA DE CHOQUE CORPORATIVA, DESATENDER ÓRDENES DE LA JUSTICIA LABORAL Y PROMOVER LA CRIMINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SINDICAL.
La senadora de la provincia de Buenos Aires, Florencia Arietto, se encuentra en el centro de una densa trama judicial y política tras acumular severas denuncias por su actuación en el conflicto laboral de la planta Lustramax, ubicada en Tortuguitas. El avance de las presentaciones en el ámbito penal, institucional y corporativo marca un fuerte precedente en la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores frente a las intervenciones de sectores que buscan avanzar sobre la legislación laboral vigente.
Ofensiva legal: Ética profesional y desobediencia penal
La estrategia judicial contra la legisladora se despliega en dos frentes simultáneos que cuestionan tanto su ética profesional como su responsabilidad penal.
Por un lado, la asociación civil Nace un Derecho radicó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. La presentación señala un agravio sistemático por parte de Arietto hacia los profesionales del derecho laboral, a quienes ha calificado públicamente en redes sociales bajo el rótulo de "mafia", una retórica que —según la denuncia— busca deslegitimar la defensa técnica de los trabajadores en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, los operarios de Lustramax impulsaron una denuncia penal por desobediencia judicial y persecución sindical. Los trabajadores sostienen que Arietto ha instrumentalizado su doble rol de funcionaria pública y abogada empresarial para anteponer intereses patronales por encima de los marcos legales de la provincia.
El foco del conflicto en Tortuguitas
La disputa en la planta fabril se originó a partir de una serie de despidos persecutorios ejecutados por la empresa, cuyo objetivo principal —denuncian desde las bases gremiales— era desmantelar la organización interna de los trabajadores. El conflicto escaló ante el sistemático desacato de la patronal a las sucesivas conciliaciones obligatorias dictadas por la cartera laboral bonaerense.
El punto de mayor gravedad institucional ocurrió cuando el Tribunal de Trabajo N.° 7 de Pilar dictó una medida cautelar ordenando la inmediata reinstalación del delegado gremial Leandro Gómez.
Según consta en las denuncias, la senadora Arietto se hizo presente en el lugar para bloquear físicamente el acceso a la fábrica, impidiendo de forma fáctica el cumplimiento de la manda judicial de reinstalación.
El escenario en los portones de la planta sumó, además, la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional. Desde el arco gremial denunciaron este despliegue como un acto de amedrentamiento e intimidación desproporcionado, subrayando que las fuerzas federales actuaron en el lugar sin una orden emitida por el fiscal a cargo del caso.
Escalada política: Incompatibilidad y el "ensayo" de la reforma laboral
Ante la parálisis de los canales tradicionales de resolución, las delegaciones de operarios llevaron el reclamo a las máximas esferas legislativas para romper lo que denominan un "cerco informativo":
- En la Legislatura Bonaerense: Se denunció a Arietto por abuso de autoridad e incompatibilidad de funciones. Los representantes de los trabajadores señalan la contradicción ética y legal de percibir una dieta estatal como legisladora mientras se opera operativamente en el territorio como fuerza de choque para corporaciones privadas.
- En el Congreso de la Nación: Diputados y senadores nacionales de distintos bloques solidarios recibieron a los trabajadores. Durante los encuentros, se expuso que el caso de Lustramax no es un hecho aislado, sino un ensayo de laboratorio de la reforma laboral de facto que determinados sectores políticos y empresariales buscan normalizar mediante la fuerza y la judicialización de la protesta.
Resistencia en los portones
Lejos de retroceder, el cuerpo de trabajadores de Lustramax ratificó la continuidad y profundización del plan de lucha en la zona norte del conurbano bonaerense.
A través de un esquema coordinado con organizaciones sociales, políticas y estudiantiles de la región, se sostienen asambleas abiertas permanentes en los portones de la fábrica, la realización de caravanas obreras de visibilización y el fortalecimiento de un fondo de lucha para garantizar el sustento de las familias afectadas mientras dure el conflicto. Los trabajadores advierten que no cederán ante presiones políticas ni despliegues securitarios en su legítimo reclamo por el respeto a la tutela sindical.