EL STIA RESPONSABILIZA A LA CONDUCCIÓN DE ALIJOR POR LA CRISIS EN LA SALTEÑA Y EXIGE UN CAMBIO DE GESTIÓN

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN (STIA) DENUNCIÓ LA GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESA LA PLANTA DE GARÍN. ACUSAN A LA EMPRESA DE UNA AGONÍA FINANCIERA PRODUCTO DE AÑOS DE DESINVERSIÓN Y MALAS DECISIONES, LO QUE HOY AFECTA A 180 FAMILIAS QUE PERCIBEN SUS SALARIOS CON ATRASO Y DE FORMA PARCIAL DESDE FINES DE 2024.







El Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación (STIA) emitió una fuerte denuncia contra la administración de Alijor, la empresa de capitales nacionales dueña de La Salteña, emblemática marca líder en la producción de tapas de empanadas, pascualinas y pastas frescas.  Según la organización gremial, la firma atraviesa una profunda crisis financiera y productiva que pone en riesgo inminente las fuentes de trabajo en su planta ubicada en la localidad bonaerense de Garín (partido de Escobar).

Actualmente, 180 trabajadores se encuentran en estado de alerta constante debido a que, desde finales del año 2024, la empresa comenzó a abonar los salarios de manera parcial, fraccionada y fuera de los plazos legales establecidos.

Más que una crisis económica nacional: un problema de gestión


Para la conducción del STIA, el deterioro de La Salteña no puede justificarse únicamente en el complejo contexto macroeconómico que atraviesa el país o en la caída generalizada del consumo. El gremio sostiene de forma categórica que la agonía actual es el «resultado acumulado de años de desinversión y decisiones de gestión» por parte de los propietarios, que nunca fueron corregidas a pesar de las repetidas advertencias sindicales.

Desde la entidad gremial remarcaron que el costo de una mala administración empresarial no puede trasladarse de ninguna manera al bolsillo de los operarios, quienes asisten diariamente a sus puestos de trabajo en medio de la incertidumbre.


Un achique sistemático y un historial de conflictos

El impacto de estas decisiones gerenciales queda en evidencia al analizar la evolución de la plantilla de personal. Hace tan solo una década, La Salteña empleaba a más de 320 trabajadores. Hoy, producto de un achique sistemático, la planta opera con casi la mitad de esa dotación.

En este marco, el STIA viene llevando a cabo en los últimos dos años diversas acciones y medidas de fuerza que reflejan la gravedad del deterioro en las relaciones laborales:


  • Noviembre de 2023: Paro de siete días por atrasos salariales.

  • Diciembre de 2024 / Enero de 2025: Cese de actividades por casi dos semanas ante la falta de pago de sueldos, el medio aguinaldo y las vacaciones correspondientes.

Durante estos episodios de protesta, las bases trabajadoras debieron soportar incluso amenazas de cierre definitivo por parte de la patronal, mecanismo que el gremio calificó como una "extorsión" orientada a desarticular los reclamos legítimos.


Las exigencias del STIA para salvar las fuentes de trabajo

Considerando agotada la actual vía administrativa de la empresa, el Sindicato de la Alimentación ha planteado una salida drástica pero necesaria para garantizar la continuidad productiva: un cambio profundo en la conducción, ya sea mediante el ingreso de un nuevo socio capitalista que aporte management o la venta total de los activos a una administración dispuesta a invertir.

Para normalizar el conflicto, el gremio exige tres puntos innegociables:

  1. Garantía de continuidad laboral: Estabilidad total para los 180 operarios actuales, rechazando cualquier intento de despido encubierto o achique forzado.

  2. Regularización inmediata de salarios: El pago en tiempo y forma de la totalidad de las obligaciones remunerativas atrasadas.

  3. Mesa tripartita de seguimiento: La conformación de un espacio institucional integrado por el sindicato, la empresa y el Estado (Ministerio de Trabajo) para monitorear estrictamente el cumplimiento de los compromisos a futuro.

El conflicto en Alijor se suma a otros importantes frentes abiertos que el STIA debe gestionar actualmente en distintas ramas de la industria alimenticia, donde el gremio reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los puestos de trabajo y la dignidad salarial frente a las crisis de gestión empresarial.

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