LA PRINCIPAL EMPRESA AVÍCOLA DEL PAÍS PARALIZÓ POR TIEMPO INDETERMINADO SU HISTÓRICA PLANTA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, JUSTIFICANDO LA MEDIDA EN SUPUESTOS "CONFLICTOS SINDICALES". DESDE EL ARCO GREMIAL DENUNCIAN QUE LA FIRMA BUSCA RESPONSABILIZAR A LOS TRABAJADORES POR SU PROPIA CRISIS FINANCIERA, SIGNADA POR MESES DE ATRASOS SALARIALES, REDUCCIÓN DE TURNOS Y MILLONARIOS CHEQUES RECHAZADOS. ANTE LA URGENCIA ALIMENTARIA, EL GOBIERNO DE ENTRE RÍOS INTERVINO PARA DESTRABAR EL CONFLICTO.
La industria avícola argentina atraviesa horas de extrema tensión tras la decisión unilateral de Granja Tres Arroyos de cerrar "por tiempo indeterminado" su histórica planta "La China", ubicada en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. La medida, anunciada en las últimas horas, dejó en situación de calle virtual a unos 950 operarios directos, encendiendo las alarmas de todas las organizaciones sindicales de la región y obligando a la intervención urgente de las autoridades provinciales.
A través de un comunicado, la cúpula empresarial intentó justificar el cese de operaciones alegando "actitudes violentas y bloqueos" por parte de los operarios, argumentando la imposibilidad de garantizar la seguridad en el establecimiento. Sin embargo, desde las representaciones gremiales y los cuerpos de delegados rechazaron de plano estas acusaciones, señalando que las protestas son una consecuencia directa y desesperada del vaciamiento y los reiterados incumplimientos patronales.
El peso de la crisis financiera sobre los salarios
Lejos de tratarse de un conflicto gremial intempestivo, la paralización de la planta es el corolario de meses de irregularidades. Las organizaciones sindicales, entre ellas la UATRE, exigieron que la firma "exponga con claridad su situación administrativa", ya que los trabajadores vienen absorbiendo el impacto de una profunda crisis empresarial.
En los últimos meses, el personal sufrió el retraso sistemático en el pago de sus quincenas, el recorte de horas extra y una reducción drástica en el esquema de turnos. Los datos del mercado respaldan la postura gremial: la compañía arrastra cheques rechazados por más de 29.000 millones de pesos y ha reducido su nivel de faena diaria de 700.000 a apenas 200.000 pollos. Para los sindicatos, la empresa está utilizando a sus empleados como variable de ajuste frente a un desmanejo financiero propio.
Impacto social e intervención del Estado
El daño en el tejido social de Concepción del Uruguay ya es palpable. Operarios con más de 30 años de antigüedad, que sufren graves secuelas físicas por la exigencia histórica de la línea de producción, relataron que han tenido que endeudarse con tarjetas de crédito o liquidar sus últimos ahorros simplemente para garantizar un plato de comida. "Hay 900 familias que hoy quieren saber cómo van a comer", fue el reclamo unificado que llevaron los delegados al municipio local.
Ante la inminencia de un estallido social, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ordenó la intervención del Ministerio de Gobierno y Trabajo. La provincia convocó de oficio a una audiencia conciliatoria de carácter urgente con un objetivo irrenunciable planteado por los gremios: acordar un cronograma de pagos seguro y blindado que garantice el cobro de los salarios adeudados y la continuidad de las fuentes laborales. En paralelo, y dada la criticidad del cuadro, el Estado provincial debió disponer asistencia alimentaria directa para las familias de los trabajadores afectados.
El movimiento obrero organizado se mantiene en estado de alerta y movilización permanente. La premisa gremial de cara a las próximas audiencias es clara: la reactivación productiva es prioritaria, pero bajo ninguna circunstancia se permitirá que el salvataje financiero de la principal corporación avícola del país se financie con el hambre y los derechos adquiridos de sus trabajadores.