EN UN FALLO QUE FAVORECE AL GOBIERNO Y PONE EN JAQUE A LA JUSTICIA DEL TRABAJO NACIONAL, EL JUEZ ENRIQUE LAVIÉ PICO DESESTIMÓ LA MEDIDA SOLICITADA POR LA CENTRAL OBRERA PARA SUSPENDER EL TRASPASO DEL FUERO LABORAL A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, UN CAMBIO QUE AMENAZA CON DILUIR LAS CONQUISTAS SINDICALES Y LIMITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA MILLONES DE TRABAJADORES.
La Justicia Contencioso Administrativa Federal dio un nuevo
revés al movimiento obrero organizado. Este miércoles 11 de marzo, el Juzgado
N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, rechazó la medida cautelar presentada por
la Confederación General del Trabajo (CGT) contra los artículos 90 y 91 de la
Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral. Esta norma, promulgada
recientemente por el Gobierno de Javier Milei, impulsa el traspaso progresivo
de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), lo que implica el cierre de 30 juzgados de primera instancia y la
Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Este fallo representa un ataque directo a los derechos de
los trabajadores. La CGT, en su acción de amparo interpuesta el 6 de marzo,
argumentó que la ley vulnera garantías constitucionales, suprime el fuero
laboral federal y genera daños irreparables al trasladar competencias
judiciales, lo que podría entorpecer la resolución de conflictos laborales en
todo el país. "Se trata de una afrenta al orden constitucional y a la
división de poderes", denunciaron los líderes sindicales en su
presentación, advirtiendo que el cambio favorece a los empleadores y debilita
la protección de los asalariados, especialmente en provincias alejadas de CABA.
El juez Lavié Pico, quien ya había rechazado amparos contra
el DNU 70/2023 en 2024, justificó su decisión alegando que las medidas
cautelares innovativas son "excepcionales" y no proceden cuando coinciden
con el objeto principal de la demanda. Según el fallo, no se configura un
"peligro en la demora" ni un daño irreparable, ya que el amparo
garantiza una resolución rápida sobre el fondo. Sin embargo, desde el
sindicalismo, esta argumentación se ve como un alineamiento con el poder
ejecutivo, ignorando el impacto real en la vida de los trabajadores: mayor
burocracia, costos elevados para litigios y una posible politización del fuero
en manos del Gobierno porteño.
Reacciones no se hicieron esperar. Héctor Daer calificó el fallo como "un paso más en la precarización
sistemática que impulsa este Gobierno antipopular". Pablo Moyano, otro
referente, llamó a "redoblar la lucha en las calles y en los
tribunales", anticipando apelaciones y posibles paros. Organizaciones como
la CTA y sindicatos independientes expresaron solidaridad, alertando que el
traspaso equivale a "desmantelar un pilar de la democracia laboral".
Este episodio revive el fantasma del DNU fallido de 2023,
donde la Justicia sí avaló una cautelar de la CGT. Ahora, con la ley en
vigencia, el movimiento obrero debe acelerar estrategias: apelaciones ante la
Cámara y movilizaciones masivas. En un contexto de inflación galopante y
despidos, defender la Justicia del Trabajo no es solo una batalla legal, sino
una defensa esencial de las conquistas históricas. La CGT no se rinde; la pelea
continúa por un trabajo digno y justo.