DESDE EL 1 DE ABRIL, MÁS DE 343.000 AFILIADOS MILITARES PASAN A LA OSFA. LOS GREMIOS Y ASOCIACIONES DE RETIRADOS EXIGEN QUE EL ESTADO ASUMA LA DEUDA DE 212.000 MILLONES DE PESOS PARA QUE LA ATENCIÓN MÉDICA NO SIGA SIENDO UN CALVARIO
A partir de mañana, las Fuerzas Armadas dejan atrás el agonizante Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y estrenan la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada por el DNU 88/2026 del presidente Javier Milei. La nueva entidad autárquica dependerá del Ministerio de Defensa, tendrá directorio rotativo entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y será presidida inicialmente por el general retirado Sergio Maldonado.
El cambio llega tras años de prestaciones recortadas, deudas impagas a proveedores y afiliados que debieron pagar de su bolsillo cirugías, remedios y estudios en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Mendoza y Tucumán. El pasivo acumulado ronda los 212.000 millones de pesos y el sector gremial es claro: esa deuda no puede recaer sobre los uniformados ni sus familias.
“Pagamos nuestros aportes religiosamente todos los meses. No es justo que sigamos cargando con los errores de administraciones anteriores. Exigimos que el Estado nacional sanee la deuda y que la OSFA nazca limpia, con prestaciones dignas y sin más demoras”, sostuvieron voceros de las asociaciones de militares y retirados.
El artículo 12 del DNU habilita al Ejecutivo a instrumentar el pago de los pasivos. Fuentes oficiales confirmaron que el Estado asumirá la responsabilidad, permitiendo que la liquidación del IOSFA –que se extenderá hasta febrero de 2027– no afecte la nueva obra social. Sin embargo, desde los gremios reclaman que esa definición sea inmediata, transparente y auditada por la Sindicatura General de la Nación.
La OSFA se financiará con aportes de los afiliados y recursos de las propias Fuerzas, que se girarán de manera progresiva. Al menos el 80 % de los ingresos deberá destinarse a prestaciones médico-asistenciales, con un tope del 8 % para gastos administrativos. Es una oportunidad histórica para reorganizar un sistema que estuvo al borde del colapso, pero su éxito dependerá de que el saneamiento sea real y de que los aportes no castiguen aún más el bolsillo de los trabajadores.
La familia militar, hoy pide algo elemental: que su salud no sea negociable. El Gobierno tiene la palabra. Cumplir con el saneamiento y garantizar atención digna en todo el país es la única forma de cerrar este capítulo con dignidad.