EL SINDICATO DE ESTACIONES DE SERVICIO HA EMITIDO UN CONTUNDENTE MENSAJE AL GOBIERNO, ADVIRTIENDO QUE LA NEGATIVA A HOMOLOGAR CONVENIOS COLECTIVOS ENTRE PRIVADOS, ESPECIALMENTE EN LO QUE RESPECTA A AUMENTOS SALARIALES SUPERIORES AL 2% MENSUAL, SE CONSIDERA UNA MEDIDA SIN SUSTENTO LEGAL. ENRIQUE RODRÍGUEZ, APODERADO LEGAL DEL GREMIO, ENFATIZÓ QUE ESTA FALTA DE HOMOLOGACIÓN CONSTITUYE UNA "ILEGALIDAD MANIFIESTA".
En un reciente pronunciamiento, el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio ha lanzado un firme aviso al Gobierno, advirtiendo sobre la ilegalidad que supone la decisión de no homologar convenios colectivos entre privados. Este llamado de atención surge a raíz de informes que indican que, a partir del próximo mes, la Secretaría de Trabajo, bajo la dirección de Julio Cordero, no validará aumentos salariales que superen el 2% mensual.
El apoderado legal del sindicato, Enrique Rodríguez, ha calificado esta medida como “sin sustento legal”, señalando que “si el Estado no homologa los acuerdos salariales, está cometiendo un acto ilícito”. Rodríguez, quien también se desempeñó como ministro de Trabajo, argumentó que “de ninguna manera el Poder Ejecutivo puede negarse a firmar un acuerdo entre privados solamente por una intención ideológica o por una forma de pensar”, lo que pone de manifiesto la preocupación del sindicato ante una posible politización de la negociación salarial.
La noticia de que no se homologarían acuerdos salariales superiores al 2% ha generado un clima de incertidumbre que impacta a todos los actores involucrados en el sector. Para los trabajadores, este escenario significa la frustración de sus expectativas salariales; para los gremios, una erosión de su poder de negociación; y para los empleadores, una falta de la seguridad jurídica necesaria para llevar a cabo los acuerdos establecidos en las paritarias.
Es importante recordar que la Ley 25.877 de Reordenamiento Laboral, promulgada en 2004, establece que los convenios colectivos de actividad entran en vigencia el día de su homologación, y que la Secretaría de Trabajo tiene un plazo de 30 días para realizar las observaciones pertinentes. Si no se presenta ningún reclamo dentro de ese período, el acuerdo se considera aprobado de manera tácita. Esta normativa se encuentra ahora bajo la amenaza de una interpretación restrictiva por parte del Gobierno, lo que podría tener repercusiones graves para la estabilidad del sector.
El rechazo a la homologación bajo motivos ideológicos podría, según Rodríguez, dar lugar a una escalada de conflictos laborales. Los sindicatos, en un contexto de alta inflación y creciente costo de vida, están decididos a recomponer los salarios de los trabajadores. El ajuste impuesto por el Gobierno ha sido calificado como “inaceptable”, lo que podría conducir a movilizaciones masivas en defensa de los derechos de los trabajadores.