EL GOBIERNO
ARGENTINO, BAJO LA DIRECCIÓN DE JAVIER MILEI, ESTÁ REALIZANDO UNA REVISIÓN
EXHAUSTIVA DEL SECTOR DE LA SALUD, QUE INCLUYE LA BAJA DE EMPRESAS DE MEDICINA
PREPAGA Y LA INTERVENCIÓN DE VARIAS OBRAS SOCIALES. LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD (SSS) HA IDENTIFICADO QUE MUCHAS DE ESTAS ENTIDADES NO HAN
CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE DATOS ESENCIALES, LO QUE HA LLEVADO A LA
CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES Y LA INTERVENCIÓN DE OBRAS SOCIALES QUE RECIBEN
SUBSIDIOS ESTATALES.
La gestión que encabeza Javier Milei puso en marcha un
proceso de ajuste, desregulación y revisión sobre todas las áreas de la
administración pública. Una es la del sector de la Salud, donde por estas horas
trabaja en dar de baja un grupo de prepagas a la vez que también se
intervendrán obras sociales.
El plan del Ejecutivo se basa en inspeccionar la situación
financiera y administrativa de los agentes del sistema de salud, es decir, las
prepagas y las obras sociales. Solo a modo de ejemplo, el “mapa” registrado
ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) constaba de unas 675
prepagas y 291 obras sociales al inicio de la gestión actual.
Sobre las primeras, el organismo detectó un grupo de
empresas de medicina que se inscribieron en el Registro Nacional de Entidades
de Medicina Prepaga (RNEMP), pero nunca presentaron datos como el padrón de
usuarios, los planes de cobertura, los cuadros tarifarios, los estados contables
o los balances ante la SSS.
Por eso, a través de un aviso publicado días atrás en el
Boletín Oficial, se procedió a cancelar la inscripción de 60 de ellas, entre
las que se encontraban Prepasa S.A., Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas
Fueguinas S.A., por mencionar algunas.
Ahora, el organismo tiene previsto continuar en este sentido
y en los próximos días eliminará 60 prepagas más, mientras evalúa el estado de
situación de otras 70. En total, se estima que se pueden dar de baja
-contabilizando las ya oficializadas y las que están en carpeta- unas 180.
“Esta decisión tiene como objetivo que el beneficiario
acceda a un mercado más transparente, ordenado, donde las entidades que figuran
inscriptas existan, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad”,
argumentaron fuentes oficiales ante la consulta de este medio.
Además de las prepagas, la Superintendencia de Servicios de
Salud también intervino cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y
Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la
Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del
Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM).
“Todas estas obras sociales, además, recibían millones de
pesos de subsidios del Estado”, insistían en el organismo, que en el corto
plazo tiene entre sus previsiones intervenir dos entidades más.
Según lo que explicaron, el proceso de intervención comienza
con auditorías y si se comprueba que falta “información necesaria como para
funcionar como agentes del sistema de salud”, se designa a un interventor que
debe informar sobre la gestión de la obra social en cuestión. Si ese
funcionario comprueba “inviabilidad” -financiera, prestacional o patrimonial-
de la entidad, se activa un “mecanismo de liquidación”. En ese caso, los
afiliados se distribuyen en otras obras sociales.
Una de las intervenciones más importantes que hizo el
Ejecutivo fue la de OSPERA, la obra social de los peones rurales, que cuenta
con 759.203 beneficiarios y es la tercera más grande del país.
“Esta obra social nunca presentó un informe en la SSS en más
de un año. Ni memorias ni balances. Incluso, el administrador que designó la
Justicia el último año, en octubre de 2023, solicitó una ayuda financiera de
$3350 millones. Este denominado apoyo financiero supuestamente era para
subsanar deudas, algo que no ocurrió, ya que hoy la obra social pasó de tener
una deuda de $26.979.000 del 30 de septiembre del año pasado a $43.949.000 en
marzo de este año”, indicaron funcionarios al tanto del proceso de intervención.
“Además, en los últimos meses, la SSS se puso en contacto
con los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, pero el
90% dijo que no tenían convenio”, cuestionaron.
