EN MEDIO DE UN ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN QUE INVOLUCRA AL EX SECRETARIO GENERAL, SERGIO AYBAR, QUIEN FUE DESTITUIDO EN MARZO DE ESTE AÑO, SE HAN INTENSIFICADO LAS PRESIONES DESDE EL GOBIERNO NACIONAL PARA FACILITAR SU REGRESO. LA DENUNCIA PENAL EN SU CONTRA, QUE INCLUYE LA TRANSFERENCIA IRREGULAR DE FONDOS DEL SINDICATO A CUENTAS PERSONALES, DESTACA LA URGENCIA DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y RESPONSABLE.
En el contexto social y político actual de Argentina, la situación del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química de Salta se ha convertido en uno de los temas más discutidos. A tan solo diez días de que los afiliados al sindicato elijan una nueva conducción gremial, han surgido diversas presiones sobre funcionarios nacionales para promover el regreso de Sergio Aybar, quien fuera su secretario general durante más de 12 años antes de ser destituido en marzo de este año.
La controversia que rodea al sindicato no es menor. La Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQYPRA) inició un proceso de normalización tras destapar un escándalo que reveló el desvío multimillonario de recursos a manos de Aybar y otros cuatro directivos. Esta situación ha generado indignación entre los afiliados y una creciente demanda de transparencia en la gestión del sindicato.
En los pasillos de Salta, se rumorea que un núcleo de poder cercano a Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo en la administración de Mauricio Macri, estaría detrás de los intentos de reinstaurar a Aybar. Las implicaciones de esta maniobra son profundas, ya que no solo buscan deslegitimar el proceso de normalización, sino que también ofrecen un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el movimiento sindical argentino en su conjunto. La conexión de Triaca con figuras como Julio Cordero y Fabián Hermoso, líder de otra federación con aspiraciones sobre la filial salteña, añade una complejidad adicional al panorama gremial.
El proceso electoral programado para el 6 de agosto toma una relevancia crítica en este contexto. Los afiliados, sabiendo que su elección puede marcar un punto de inflexión, se preparan para decidir el futuro de su representación. La intervención de funcionarios nacionales en este proceso podría interpretarse como un intento de influir en el resultado, lo que suscita serias inquietudes sobre la autonomía del sindicato.
La denuncia penal que se tramita contra Aybar y sus colaboradores es un claro recordatorio de la necesidad de una gestión sindical responsable y celosa de los intereses de sus afiliados. La falta de transparencia y la corrupción son enemigos visibles en el ámbito gremial, y el caso de Salta es un ejemplo paradigmático de lo que puede suceder cuando la gestión de un sindicato se desvía de su esencia.
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LAS CUENTAS NO ESTÁN CLARAS: LA DENUNCIA CONTRA EL EX SECRETARIO GENERAL SERGIO AYBAR
Recientemente, se ha hecho público un texto que detalla la situación legal en la que se encuentra el ex Secretario General del sindicato, Sergio Darío Aybar. Según el documento, presentado en el marco de un procedimiento en la justicia penal y al que tuvo acceso RED GREMIAL, la Comisión Directiva, cuyo mandato culminó el 21 de marzo de 2024, cesó sus funciones por decisión de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS). A partir de esa fecha, Aybar debía abstenerse de cualquier transacción relacionada con los recursos del gremio.
Las pruebas presentadas en la causa sugieren que Aybar habría realizado transferencias a su cuenta personal y a las de otros tres co-demandados—Gustavo Sales, Gustavo González y Jesús Aldapi—sin justificación contable. La denuncia alega que, en un acto deliberado, vació las cuentas del sindicato, transfiriendo la totalidad de los fondos hacia su beneficio personal y dejando un saldo negativo en la cuenta corriente del ente sindical.
El procedimiento descrito en la denuncia indica que Aybar, manteniendo el control de la cuenta bancaria del sindicato durante abril y mayo, repetidamente transfería sumas significativas a sus cuentas el mismo día de recibir aportes de las empresas asociadas. Este modus operandi, según la acusación, revela una clara intención de sustraer los recursos del sindicato sin ningún respaldo contable que legitime estas operaciones.
Los registros bancarios están disponibles y se han solicitado medidas al tribunal para avanzar en la investigación.
