TRAS UN PLENARIO REALIZADO ESTE LUNES, LAS FEDERACIONES DOCENTES Y NODOCENTES CONFIRMARON UNA HUELGA GENERAL PARA ESTE JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE AGOSTO. A CASI UN AÑO DE SU SANCIÓN, EL GOBIERNO NACIONAL CONTINÚA SIN APLICAR LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO, LO QUE HA PROVOCADO UNA CAÍDA HISTÓRICA EN EL PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR.
El Frente Sindical Universitario, que nuclea a las principales representaciones gremiales de trabajadores de las casas de altos estudios de todo el país, se reunió este último lunes para evaluar el estado de la negociación paritaria y resolvió profundizar su plan de lucha. Ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional, las organizaciones confirmaron un paro nacional de 48 horas que se llevará a cabo durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto.
La medida de fuerza unificada, que incluirá jornadas de visibilización y protesta en los distintos rectorados y facultades, cuenta con el respaldo total de las federaciones docentes (tales como CONADU, CONADU Histórica y FEDUN) y de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), en representación del personal nodocente.
El eje central del conflicto gremial radica en el incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) por parte del Gobierno de Javier Milei. A casi un año de su sanción, y tal como advirtió recientemente el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al cumplirse más de 300 días de desfinanciamiento, el Estado nacional continúa sin transferir los recursos que manda la legislación vigente, desoyendo incluso resoluciones judiciales previas.
Desde la perspectiva sindical, la situación de los trabajadores es calificada de crítica. Según estimaciones del sector, el personal universitario acumula una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Los referentes gremiales señalan que, tan solo para recuperar el nivel de compra que los salarios tenían a fines del año pasado, se requeriría de manera urgente una recomposición superior al 50%.
Además del severo golpe al bolsillo de los empleados de la educación superior, FATUN y las asociaciones docentes alertaron que la retención de los fondos afecta de manera directa las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento diario, paraliza programas de infraestructura e impacta de lleno contra el sostenimiento de las becas estudiantiles y el normal desempeño de los hospitales universitarios.
Finalmente, las dirigencias sindicales advierten con profunda preocupación que el vaciamiento presupuestario está provocando una peligrosa "fuga de profesionales" en el sistema universitario. Esta pérdida de recursos humanos altamente capacitados pone en riesgo directo tanto la calidad de la enseñanza de grado como el desarrollo de la producción científica y tecnológica nacional. De no mediar una convocatoria urgente y resolutiva por parte de las autoridades nacionales para recomponer los salarios y garantizar el cumplimiento de la ley, el Frente Sindical Universitario no descarta seguir endureciendo su plan de lucha en las próximas semanas.