LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (SSS) AVANZA CON EL “REORDENAMIENTO” DEL SISTEMA: EL 31 DE MARZO DIO DE BAJA LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FÓSFORO, ENCENDIDO Y AFINES (OSPIF), MIENTRAS DECLARÓ EN SITUACIÓN DE CRISIS A LAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA INDUSTRIA DEL PESCADO DE MAR DEL PLATA. DESDE LA PERSPECTIVA GREMIAL, ESTAS MEDIDAS PROFUNDIZAN EL DESFINANCIAMIENTO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y PONEN EN RIESGO CONQUISTAS HISTÓRICAS DEL MOVIMIENTO OBRERO.
La Resolución 551/2026 de la SSS, publicada el 31 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, inició el procedimiento de baja y liquidación de la OSPIF (RNAS Nº 1-0810-0). La entidad, intervenida desde fines de 2024 por irregularidades graves, deja a sus afiliados en un período de transición voluntaria hacia otras obras sociales solventes; de no elegir, la SSS los asignará de oficio. Apenas días después, las Resoluciones 554 y 555/2026 declararon en “situación de crisis” a dos entidades clave: la Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (RNAS Nº 4-0060-2) y la del Personal de la Industria del Pescado de Mar del Plata (RNAS Nº 1-1520-1). Ambas deben presentar en 15 días hábiles un plan de contingencia trimestral bajo supervisión estricta, garantizando al menos las prestaciones básicas del PMO mientras intentan sanear sus cuentas. De incumplir, enfrentarán la liquidación.
Con estas acciones, ya son 15 las obras sociales en crisis y más de 130 las entidades (obras sociales y prepagas) dadas de baja en lo que va de 2026. El Gobierno de Javier Milei justifica el proceso como una “depuración” de “obras sociales fantasma” con déficits irrecuperables, buscando un sistema “autosustentable” que no sobrecargue los hospitales públicos. Sin embargo, desde el enfoque gremial, esta política forma parte de un ajuste estructural que ataca directamente el financiamiento de la salud sindical, sostenido por aportes y contribuciones de los trabajadores y sus empleadores.
Las obras sociales no son un “privilegio” ni un “gasto”: son una conquista obrera que garantiza cobertura integral a millones de familias en sectores vulnerables como la construcción, la pesca y la industria. Declararlas en crisis sin diálogo previo ni apoyo financiero —en medio de la recesión, el desempleo y la inflación que castigan los salarios— equivale a desresponsabilizar al Estado y trasladar la carga a los trabajadores. Los afiliados de estas entidades, muchos de ellos de bajos ingresos y con trabajos precarios, ven peligrar el acceso a medicamentos, internaciones y tratamientos. El traspaso forzoso a otras obras sociales no resuelve el problema de fondo: la saturación del sistema y la posible pérdida de prestaciones específicas.
Los sindicatos alertan que esta ofensiva se suma al desfinanciamiento provocado por las reformas laborales y la caída de la masa de aportes. No se trata de defender irregularidades, sino de exigir que el reordenamiento no se haga sobre la espalda de los trabajadores. La salud no es un negocio ni un ajuste contable: es un derecho. Frente a esta embestida, la unidad gremial y la defensa colectiva de las obras sociales se vuelven imperiosas para impedir que el ajuste de Milei termine dejando sin cobertura a quienes construyen el país todos los días.