LA SECCIONAL JUNÍN DE ATILRA PRESENTÓ UNA DENUNCIA CONTRA EL GRUPO ECONÓMICO QUE OPERA BAJO NOMBRES COMO GRUPO MARALAC Y LÁCTEOS CONOSUR, ACUSÁNDOLO DE MANIOBRAS FRAUDULENTAS EN LA PLANTA DE ARENAZA. LA ACCIÓN APUNTA A ESCLARECER UN PRESUNTO ESQUEMA DE EVASIÓN LABORAL Y ABANDONO EMPRESARIAL.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), a través de su Seccional Junín, ha iniciado una acción penal contra el grupo económico que opera bajo denominaciones como Alimentos Refrigerados SA (ARSA Vicentín), Grupo Maralac y Lácteos Conosur. La denuncia, presentada en el marco de la causa IPP 4892/25, acusa a los responsables de la planta de Arenaza, en la provincia de Buenos Aires, de presunto abandono de negocio y defraudación, en perjuicio de los trabajadores y del sistema laboral.
Según el gremio, el grupo económico habría implementado un esquema irregular de trabajo y facturación alternada con otra empresa del mismo conglomerado, La Suipachense. Este mecanismo, según la denuncia, habría sido diseñado para ocultar ingresos, eludir obligaciones laborales y previsionales, y afectar directamente los derechos de los trabajadores de la planta. Atilra sostiene que estas prácticas constituyen una maniobra fraudulenta que debe ser investigada a fondo por la Justicia.
La denuncia solicita expresamente que se cite a declarar a testigos clave, incluyendo al ex gerente del grupo económico, Claudio Rafaniello, quien podría aportar información relevante sobre las operaciones internas de la empresa. Además, se acompañó un informe detallado que identifica a los firmantes de cheques del grupo, como parte de las pruebas presentadas para respaldar las acusaciones.
Desde Atilra, se subraya la gravedad del caso, destacando que el presunto abandono de la planta de Arenaza no solo pone en riesgo los puestos de trabajo, sino que también refleja una práctica sistemática de vulneración de los derechos laborales. El gremio exige que se determinen las responsabilidades de los involucrados y que se tomen medidas para garantizar la continuidad laboral y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa.
El caso, que ya está en manos de la Justicia, es seguido de cerca por los trabajadores y el sindicato, quienes esperan que la investigación avance con celeridad para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Atilra reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores lecheros y su lucha contra prácticas empresariales que afecten la estabilidad laboral y económica del sector.