EL JUEZ FEDERAL SEBASTIÁN CASANELLO DICTÓ EL PROCESAMIENTO POR UNA PRESUNTA DEFRAUDACIÓN QUE SUPERA LOS $247 MILLONES MEDIANTE CONTRATACIONES DIRECTAS IRREGULARES EN LA OBRA SOCIAL DE LOS PEONES RURALES. LA MEDIDA ALCANZA TAMBIÉN A LA PRESIDENTA DE LA FIRMA TECNOLÓGICA BENEFICIADA Y ESTIPULA EMBARGOS PREVENTIVOS POR $1.000 MILLONES.
La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), entidad estratégica para la cobertura sanitaria y asistencial de los trabajadores del campo, enfrenta un nuevo cimbronazo institucional. El juez federal Sebastián Casanello dispuso el procesamiento de dos exinterventores designados por la actual gestión del Gobierno nacional, Virginia Montero y Marcelo Petroni, junto a Sergio Andrés Aguirre, exsocio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La resolución judicial señala a los imputados como presuntos responsables de una maniobra de desvío de fondos públicos que asciende a $247.836.858. La matriz de la investigación se centra en la contratación directa, y presuntamente irregular, de la firma HTECH. Esta compañía fue la elegida para proveer servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software para la obra social ligada a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Según se desprende del avance del expediente, la operatoria encendió las alertas en la Justicia debido a que HTECH logró adjudicarse este millonario contrato a los pocos meses de su creación. El acuerdo inicial fue rubricado por la primera interventora estatal en la obra social rural, Virginia Montero, y posteriormente fue renovado y ampliado por su sucesor en el cargo, Marcelo Petroni.
La revisión fiscal comprobó un detalle alarmante: los abultados cobros correspondieron formalmente a las facturas número 00000001 y 00000002, es decir, las dos primeras emitidas en toda la historia comercial de la empresa. Por este motivo, el fallo del juez Casanello también recayó sobre la presidenta de la sociedad beneficiada con la operación. Todo el andamiaje contractual fue finalmente suspendido por Petroni, quien se vio forzado a ordenar auditorías internas recién una vez que las irregularidades tomaron estado público a través de revelaciones periodísticas.
Para el ámbito gremial, este caso supone un duro golpe, ya que los desvíos de los fondos aportados por los afiliados se habrían perpetrado precisamente durante el período en el cual OSPRERA se encontraba bajo la administración directa e intervención del Estado. En la actualidad, el fuero federal y el fiscal Guillermo Marijuan buscan determinar si existió una maniobra sistemática para direccionar los aportes de los peones rurales hacia contratistas vinculados al entorno político oficialista.
Los vínculos entre los involucrados también son objeto de un riguroso escrutinio. Aguirre y Martín Menem mantuvieron lazos comerciales comprobados, habiendo fundado juntos en el año 2018 la firma TR Nutrition SRL, dedicada al rubro de la importación y venta de suplementos dietarios.
Como parte de la resolución, y a fin de resguardar los activos frente a las futuras responsabilidades económicas que pudieran derivarse del desfalco a la obra social sindical, la Justicia ordenó trabar un embargo sobre el patrimonio de los acusados por un total de 1.000 millones de pesos.