ANTE EL REITERADO INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO POR PARTE DEL EJECUTIVO NACIONAL Y TRAS ACUMULAR 18 MESES DE PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO, EL FRENTE SINDICAL UNIVERSITARIO PUSO EN MARCHA UNA NUEVA HUELGA. LA MEDIDA DE FUERZA INCLUYE CESE DE ACTIVIDADES, CLASES PÚBLICAS Y EL TRASLADO DEL RECLAMO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
A partir de este martes 26 de mayo, las universidades públicas de todo el país amanecieron sin actividad académica ni administrativa debido al inicio de un contundente paro nacional. La medida, impulsada de manera articulada por las federaciones que nuclean a los trabajadores docentes (CONADU, Fedun, ADU, entre otras) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) que representa a los nodocentes, marca una profundización en el plan de lucha gremial frente a lo que denuncian como un desfinanciamiento sistemático y un ajuste salarial sin precedentes.
El eje central del reclamo sindical es la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que el Gobierno nacional se niega a ejecutar. La urgencia de la huelga se fundamenta en el deterioro crítico de los salarios. Según el último informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) en conjunto con el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los trabajadores del sector acumulan 18 meses consecutivos de caída en su poder adquisitivo. Los representantes gremiales advierten que la falta de recomposición salarial no solo atenta contra el sustento de miles de familias, sino que busca asfixiar operativamente a las instituciones.
Desde la perspectiva sindical, las conducciones sostienen que el Estado está forzando una parálisis del sistema educativo. "Las y los trabajadores seguimos de pie, organizados y en defensa de nuestros derechos y de una universidad al servicio del pueblo argentino", manifestaron desde la FATUN. En este marco, el plan de acción delineado por los gremios excede el cese de tareas convencional. La estrategia contempla un mes de paros escalonados —con huelgas totales previstas para el 29 de mayo, y el 3 y 4 de junio— acompañadas de asambleas interclaustros y jornadas de visibilización en la calle.
Una de las particularidades de esta nueva etapa de la protesta es la interpelación directa al Poder Judicial. Los sindicatos resolvieron trasladar las clases públicas a la sede del Palacio de Tribunales. El objetivo de esta acción es exigirle a la Corte Suprema de Justicia que avance de manera urgente sobre la presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y emita un dictamen definitivo que obligue al Poder Ejecutivo a garantizar las partidas presupuestarias dictadas por ley.
El alto acatamiento al paro refleja una sólida unidad de los trabajadores y trabajadoras universitarias, respaldada por la adhesión estudiantil y el apoyo social demostrado en la reciente Marcha Federal Universitaria. El Frente Sindical ha dejado en claro que el conflicto se enmarca en la estricta defensa de los derechos laborales y del derecho al acceso a la educación pública. Mientras los gremios mantienen el estado de asamblea permanente, advierten que de no mediar una convocatoria oficial con una oferta real de recomposición de los salarios, las medidas de fuerza se profundizarán en todo el país.